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Intendencia de Domingo Santa María González
La Intendencia de Domingo Santa María en Colchagua abarca el período administrativo ejercido por el abogado y político chileno Domingo Santa María en la provincia de Colchagua entre agosto de 1847 y junio de 1849.[1] Esta etapa representó la primera gran experiencia en la vida política pública del futuro Presidente de la República, caracterizándose por un enérgico afán reformador, el impulso de obras públicas, emergencias ante desastres naturales y profundos conflictos judiciales y electorales con las élites locales.[2]
Nombramiento y diagnóstico de la provincia
Domingo Santa María se tituló de abogado a los veintitrés años de edad y se encontraba trabajando como oficial mayor del Ministerio de Justicia.[3] El 26 de mayo de 1847, el presidente Manuel Bulnes y su ministro del Interior, Manuel Camilo Vial, firmaron el decreto que lo nombraba Intendente de la provincia de Colchagua, en reemplazo de José María Vergara.[4] Poco después, en junio del mismo año, se le otorgó también el cargo anexo de Comandante General de Armas de la jurisdicción.[5]
Santa María asumió formalmente sus funciones el 18 de agosto de 1847 en la ciudad de San Fernando.[6] Su primera impresión del territorio fue de profundo desánimo frente al estado de la administración pública y la ciudad.[7] En correspondencia al ministro Vial, el novel intendente describió a la capital provincial como una población «macilenta y sombría», con calles tortuosas, llenas de inmundicias y fangales.[8] Señaló que los animales vagaban libremente por las vías públicas disputando las veredas a los transeúntes, debido a que las propiedades no contaban con cierres adecuados.[9]
El aparato administrativo era casi inexistente.[10] La Municipalidad de San Fernando no poseía rentas saneadas, no contaba con archivo, carecía de una sala de sesiones y sus ingresos estaban embrollados y empeñados por sumas superiores a los seis mil pesos.[11] Además, la fuerza policial se limitaba a un solo vigilante para toda la ciudad.[12] En el ámbito educativo, el colegio local, que había sido creado por el Gobierno el año anterior, apenas tenía siete alumnos con un severo nivel de atraso.[13] Santa María atribuyó este fracaso escolar a la desconfianza de los padres hacia el director del recinto, a quien describió como un hombre que, tras volcarse al estudio de la filosofía, se había convertido al ateísmo negando los dogmas religiosos.[14]
Gestión y obras públicas
Frente a este escenario, Santa María se abocó a una reforma rápida de las instituciones.[15] Obligó a la Municipalidad a nombrar un tesorero, exigiéndole una fianza de dos mil pesos para ordenar las cuentas, auditar los ingresos e investigar el destino de las inversiones previas.[16] Asimismo, ideó la formación de un cuerpo de policía estable financiado mediante el cobro de una contribución de serenos.[17] También aceleró y habilitó los trabajos de construcción del panteón (cementerio) de la ciudad.[18]
Una de sus obras más destacadas a nivel urbano fue el cambio de trazado de la acequia principal de San Fernando.[19] El antiguo cauce atravesaba las calles y casas del pueblo, generando inundaciones y un perjudicial exceso de humedad en las viviendas.[20] Tras nombrar a una comisión técnica compuesta por vecinos ilustres (Feliciano Silva, Pedro León Suluaga, Pedro Antonio Vivar y Pedro Antonio Donoso), la Intendencia y la Municipalidad aprobaron en octubre de 1847 el diseño de un nuevo cauce.[21] Para su ejecución, Santa María aplicó la costumbre inmemorial de obligar a los vecinos a trabajar en la apertura del canal proporcionalmente al goce de agua que tuvieran, lo que le generaría posteriores acusaciones de inconstitucionalidad.[22]
La catástrofe del río Cachapoal
En diciembre de 1847, la provincia enfrentó una grave emergencia natural cuando una crecida repentina del río Cachapoal desvió el curso de sus aguas hacia el brazo denominado "río-seco".[23] El desastre, exacerbado por las grandes e irregulares bocatomas construidas por los hacendados locales para sus riegos, arrasó con un andarivel, un puente colgante y un malecón recientemente edificado por el ingeniero Álvaro Condarco.[24] Las consecuencias fueron nefastas: pérdida total de siembras, muerte de gran cantidad de ganado y el fallecimiento por ahogamiento de siete personas (incluyendo dos mujeres).[25]
Ante la gravedad, Santa María se trasladó de inmediato a Requínoa, reuniendo a los propietarios en la casa de José María Valdés.[26] Allí ordenó la construcción forzosa de pretiles y una bocatoma general de cal y ladrillo para contener el avance del agua y regular su distribución.[27] Para costear la obra de emergencia, el intendente dictaminó que cada interesado debía contribuir con una cantidad equivalente a la tercera parte de lo que pagaban anualmente por el impuesto del "catastro", ya fuera en dinero, maderas o peones.[28]
Esta medida expedita le valió una fuerte reprimenda del Ministerio del Interior.[29] El ministro Manuel Camilo Vial le recriminó por disponer de fondos fiscales (el catastro), argumentando que su aplicación era facultad exclusiva del Congreso Nacional mediante la Ley de Presupuestos.[30] Santa María tuvo que defenderse en un oficio argumentando que no había tocado las arcas del Estado, sino que solo había utilizado el registro del catastro como "base" o escala para cobrar a los hacendados proporcionalmente, dado que estos mismos habían causado el problema original con sus tomas de agua.[31]
Conflictos judiciales y acusaciones
La administración de Domingo Santa María se caracterizó por su escasa tolerancia a las ineficiencias, lo que rápidamente lo enfrentó a las figuras de poder local. El conflicto más agudo se dio con el Juez de Letras de la provincia, Julián Riesco.[32] Santa María elevó quejas ante el Gobierno denunciando la negligencia de Riesco, señalando como prueba el hecho de que el magistrado mantenía cuatrocientas veinte causas judiciales pendientes y paralizadas.[33]
El conflicto se tornó hostil y público. El 19 de junio de 1848, Riesco extendió una escritura notarial protestando formalmente contra el Intendente, acusándolo de confabularse con sus enemigos, instigar acusaciones en su contra ante el Visitador Judicial, informarlo como un "traficante" de pleitos y levantar ilegalmente sumarios criminales utilizando testigos opositores.[34] Pese a la visita inspectiva que realizó a la provincia Antonio Varas, el juez no fue destituido ni suspendido inicialmente, lo que atizó las tensiones entre los bandos locales a favor y en contra de Santa María.[35]
La acusación de Ramón Guerrero
El 21 de septiembre de 1848, el ciudadano Ramón Guerrero presentó ante el Consejo de Estado una acusación formal buscando que se declarara causa y se procesara a Santa María por múltiples abusos de poder y violaciones a la Constitución.[36] Los capítulos de acusación incluían:[37]
- Imposición ilegal de contribuciones directas a los vecinos de Olivar, Coinco y San Fernando (por los trabajos del Cachapoal y la acequia principal).
- Atropello a las leyes de caminos, obligando a propietarios a costear trabajos que debían ser públicos, e insultar con "denigrantes epítetos" al ciudadano Pedro José Jaramillo tras reclamar.
- Injerencia del intendente en el poder judicial, revocando sentencias locales y fallando en pleitos de particulares, incluyendo litigios en la hacienda de su suegro, Fernando Márquez de la Plata.
- Imposición de penas corporales aflictivas e infamantes de manera arbitraria y sin juicio legal previo. Se le imputó haber mandado azotar con trescientos palos a José Bustamante, ordenar cincuenta azotes a su sirviente Rosauro Camaro por entregar un papel tarde, y amarrar y azotar a la mujer Teodora Mardones solo por sospechas.
La defensa del intendente
En un extenso oficio enviado el 1 de noviembre de 1848, Santa María refutó categóricamente los cargos de Guerrero, calificándolos de ficciones novelescas impulsadas por enemistades mezquinas.[38] Respecto a las "contribuciones ilegales", se escudó en las prácticas y costumbres locales para la apertura de cauces y en la urgencia frente al desastre del Cachapoal.[39]
Frente a los castigos físicos, Santa María no negó haber impuesto la pena de azotes, pero desmintió las versiones deformadas de Guerrero y justificó las sentencias debido a la falta absoluta de un calabozo y cárcel segura en la provincia.[40]
- Detalló que José Bustamante recibió cien palos (no trescientos) en el cuartel porque había golpeado y maltratado a su propia mujer.[41]
- Sobre Rosauro Camaro, aclaró que se trataba de su sirviente, a quien castigó con doce azotes (no cincuenta) por haberse embriagado e intentado descerrajar la puerta de la habitación de la esposa del propio Intendente.[42]
- Explicó que Teodora Mardones no fue apresada por una "sospecha", sino en estado de ebriedad y disolución pública en un cuarto oscuro provocando a hombres e insultando gravemente a los agentes de policía; por esto mandó que se le aplicaran doce azotes.[43]
Santa María concluyó su defensa confesando que imponer castigos físicos iba contra sus propios ideales intelectuales, afirmando que se vio forzado a aplicar «la pena de azotes, condenada por la ilustración del siglo, teniendo que acallar para ello la fuerza de mis convicciones y la fe de mis principios».[44]
Intervención electoral y caída
Paralelamente a sus labores administrativas, la Intendencia fue instruida a operar como una potente maquinaria política. En marzo de 1848, el ministro Vial le remitió instrucciones reservadas exigiéndole preparar el terreno para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de 1849 y 1851.[45] Las órdenes incluyeron la remoción sin vacilaciones de todos los subdelegados, inspectores y gobernadores que fuesen "sospechosos o tibios" ante los candidatos del gobierno, y la investigación exhaustiva sobre las opiniones políticas de los comandantes de la Guardia Nacional.[46]
Santa María cumplió rígidamente con estas directrices, lo que polarizó aún más a la provincia.[47] Durante las elecciones legislativas de marzo de 1849, la tensión llegó a su clímax. A pesar de los duros esfuerzos del gobierno por imponer la "lista oficial" y del rol ejecutante de Santa María, la maquinaria electoral del bando conservador ("pelucón") logró vencer al oficialismo en el departamento de Curicó.[48] En estos comicios, el influyente candidato oficialista Antonio Varas resultó derrotado a manos de la oposición, lo que provocó gran escozor y un escándalo en la capital.[49]
Los adversarios de Santa María en Colchagua aprovecharon la coyuntura para denunciar públicamente atropellos, encierros de ciudadanos opositores e intervención armada en las votaciones.[50] Este revés en Colchagua y en otras provincias debilitó mortalmente la posición del ministro del Interior Manuel Camilo Vial, quien terminó siendo destituido en junio de 1849 por el presidente Bulnes.[51]
Con la caída de su protector político y ante la conformación de un nuevo gabinete integrado por figuras de la oposición, la situación de Domingo Santa María se hizo insostenible.[52] Pocos días después del cambio ministerial, el gobierno exigió su remoción del cargo, concretándose su destitución a fines de junio de 1849.[53] Exasperado y considerando que había sido vilipendiado injustamente por aplicar la ley y seguir órdenes, publicó un folleto titulado A sus amigos en julio del mismo año, en el que se defendió de las acusaciones, vindicó su honor y criticó duramente las intrigas y traiciones que sellaron su temprana y abrupta salida de la Intendencia.[54]
Referencias
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Bibliografía
- Góngora Escobedo, Álvaro (2015). Epistolario Domingo Santa María González (1824-1889). Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
